Entre los años 2011 y 2016 se desarrolló el Programa de Justicia e Inclusión, coordinado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República, financiando por la donación de 5 millones de euros por parte de la Unión Europea.
Tras cinco años de trabajar con población privada de libertad y con muchos objetivos cumplidos, el martes 27 de setiembre se realizó la rendición de cuentas y cierre del programa.

 

Con la presencia del Director de la OPP, Álvaro García, el Ministro de La Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, el Fiscal de Corte, Jorge Díaz, La Subsecretaria del Ministerio de Salud Pública, Cristina Lustemberg, la Directora de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, Rosita Inés Angelo, el Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, el Embajador de la Unión Europea en Uruguay, Juan Fernández Trigo, y la presidente de INISA, Gabriela Fulco, quienes se expresaron sobre el trabajo de este programa; la rendición y evaluación de lo actuado y ejecutado estuvo a cargo del Coordinador del Programa de Justicia e Inclusión y Coordinador General de la OPP, Pablo Álvarez.

Se repasaron los cinco ejes en los que el programa intervino, siendo estos el apoyo a la reforma penal, reforma administrativa, salud, educación y reinserción sociolaboral. En base a estos ejes de intervención, el Coordinador Pablo Álvarez mencionó los resultados obtenidos.

En lo que respecta al apoyo a la reforma del sistema penal, se capacitó a la totalidad de

los operadores del sistema de justicia penal (jueces, peritos, fiscales y defensores públicos) y a otros operadores judiciales para la aplicación del proceso penal acusatorio que se comenzará a implementar en julio de 2017; se equiparon ocho juzgados penales con dispositivos para grabación de audiencias; se desarrolló un software de gestión y se adquirió equipamiento informático para la Defensoría Pública; se dotó de equipamiento informático a la Fiscalía General de la Nación para fortalecer el proceso de cambio institucional de cara a la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal; y además se contribuyó al debate de la reforma del Código Penal, realizando tres actividades junto con el Poder Legislativo, a las que se convocó a la sociedad civil y a expertos internacionales.

En materia de reforma administrativa, el Programa de Justicia e Inclusión colaboró al fortalecimiento de las capacidades de las instituciones que tienen a cargo la gestión de las medidas privativas y no privativas de libertad tanto en adultos como en adolescentes, es decir el INR e INISA, trabajando en el desarrollo de insumos de conocimiento y planificación, el diseño e implementación de capacitaciones, y el desarrollo e implementación de un software de gestión.

En el área de la salud, se realizó un estudio epidemiológico de la población privada de libertad adulta y adolescente; se confeccionaron ocho protocolos de salud para población privada de libertad adulta y adolescente, realizada y validada con las instituciones a cargo; y se propuso una estrategia nacional para la intervención integral en el sistema de salud que incluye un programa de prevención.

En el plano de la educación se ha trabajado fuertemente, habiendo instalado en el año 2014 una mesa de trabajo interinstitucional, de la que participó INISA junto a MEC, ANEP, CES, CFTP, INR y OPP, y desde la cual se monitoreó la intervención del Programa en cuatro áreas complementarias: la puesta en marcha de experiencias integrales de educación en encierro tanto en adultos como en adolescentes: la creación del Piloto Educativo-Laboral en la Unidad 13 Las Rosas, Maldonado y en el INISA (Colonia Berro, Centro de Ingreso Adolescentes Femeninas, Desafío y Colibrí); la capacitación de los Recursos Humanos que trabajan en terreno; el proceso de diálogo hacia una estrategia nacional de educación para personas en conflicto con la ley penal; y la dotación de equipamiento, tan necesaria tanto para INISA como para el INR.

En lo que refiere al trabajo en la reinserción social, el INISA fue el gran protagonista, dado que desde el programa se aportaron insumos técnicos que contribuyeron al diseño institucional, trabajando puntualmente en las recomendaciones para un modelo de inserción sociolaboral, a partir del análisis y la evaluación de la experiencia de trabajo del Programa de Inserción Social y Comunitaria del INISA y el estudio de trayectorias de vida de adolescentes en conflicto con la ley, con particular énfasis en la relación delito-trabajo. Además el Programa de Justicia e Inclusión realizó una propuesta de estructura de Recursos Humanos de soporte al modelo en base a roles, funciones y perfiles, para el Programa de Inserción Social y Comunitaria e identificación de necesidades de capacitación y la elaboración de insumos para un plan de formación de los Recursos Humanos.

El Programa de Justicia e Inclusión coordinó los esfuerzos de diferentes instituciones y organismos públicos y privados, habiendo logrado un gran trabajo interinstitucional que se vio culminado con la concreción de los objetivos mencionados.