El Programa de Justicia e Inclusión viene trabajando fuertemente en la construcción de una estrategia nacional de educación para personas en conflicto con la ley penal, en este marco, los días 20 y 21 de julio, se realizó un seminario internacional en el que se trataron las bases para llevar a cabo la estrategia mencionada.

 

Organizado con una metodología dinámica, el seminario buscó propiciar la confrontación de ideas y el intercambio de experiencias. Se constituyeron diferentes paneles interinstitucionales que brindaron aportes para la estrategia, destacándose los que tuvieron lugar en la apertura, donde participaron la presidente de INISA, Psic. Gabriela Fulco, el director del Instituto, Sr. Álvaro Viviano, la ministra de Educación y Cultura, Dra. María Julia Muñoz, el presidente del CODICEN, Prof. Wilson Netto, el director del INR, Lic. Crisoldo Caraballo, la directora nacional de Educación en Contextos de Encierro y Áreas Pedagógicas, Prof. Celsa Puente, entre otros referentes en la materia.

 

El Programa de Justicia e Inclusión había transitado experiencias previas, como trabajo piloto con personas privadas de libertad y un espacio de diálogo sobre el mismo en 2015, y posteriormente tres instancias más entre abril y mayo de este año, lo que derivó en la organización de este seminario internacional sobre una estrategia nacional, el cual sintetizó el conjunto de aportes generados en las instancias antes mencionadas. Este espacio promovió la reflexión sobre programas y propuestas de alcance nacional a la luz de la experiencia internacional comparada, destacándose la importancia de reunir a expertos nacionales y de otros países de la región, autoridades, técnicos, operadores y funcionarios de múltiples instituciones del Estado y de la sociedad civil.

 

La evaluación de las jornadas fue ampliamente positiva, con una acreditación masiva de público, entre quienes se encuentra un importante porcentaje de personal del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente.

El objetivo en el que continuará trabajando es el diseño de una política pública que asegure la ampliación de la oferta, el acceso a propuestas de calidad y la continuidad educativa de las personas sujetas a medidas de sanción penal.